SEPREC Y AEMP CAPACITAN A SOCIEDADES ANÓNIMAS DE COCHABAMBA Y TARIJA SOBRE EL DECRETO SUPREMO 4907

(Prensa Seprec, 5/08/25). – Este lunes, representantes de sociedades anónimas de los departamentos de Cochabamba y Tarija participaron en una capacitación virtual orientada a explicar las disposiciones del Decreto Supremo N° 4907, que regula las acciones al portador y promueve su conversión en acciones nominativas. Esta actividad fue organizada por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) y la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), instituciones bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

La capacitación forma parte de un ciclo nacional impulsado por ambas instituciones para promover la transparencia y el cumplimiento normativo dentro del entorno empresarial boliviano. Estas acciones están dirigidas específicamente a sociedades anónimas (S.A.), uno de los tipos societarios con mayor representación en el país, con el propósito de asegurar que conozcan, comprendan y apliquen correctamente las disposiciones legales.

El programa contempla dos módulos por departamento. En esta primera sesión se abordaron los principales alcances del Decreto Supremo N° 4907, que dispone la conversión obligatoria de las acciones al portador en nominativas, como parte de las medidas para evitar el uso indebido de estructuras empresariales con fines ilícitos. La segunda sesión, centrada en la figura del Beneficiario Final, se realizará en próximas fechas, en el marco de los compromisos internacionales de Bolivia en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Las capacitaciones se han venido desarrollando de forma progresiva en todo el país: se inició con La Paz, continuó con Santa Cruz, y ahora se alcanzó a los departamentos de Cochabamba y Tarija. La última capacitación está prevista para el mes de noviembre, cuando se atenderá a los departamentos restantes: Beni, Pando, Oruro, Potosí y Chuquisaca.

Cabe destacar que estas acciones responden a los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especialmente su Recomendación 24, que exhorta a los países a implementar mecanismos que garanticen la transparencia y la identificación de los propietarios reales de las empresas.

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